Con gran pesar, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) comunica que el padre de Víctor Crespo (el dirigente sindical hondureño amenazado de muerte por su activismo sindical en Puerto Cortés), ha muerto tras un atentado hacia él y otros miembros de la familia por un asaltante armado que les impactó con un coche robado.
Después de un intento de asesinato en septiembre de 2013, Víctor Crespo fue protegido en otro país para que fuera posible continuar su trabajo como presidente del Sindicato Gremial de Trabajadores del Muelle (SGTM), afiliado a la ITF. Al parecer, las mismas fuerzas que lo querían muerto, dirigieron sus planes hacia su padre, Víctor Manuel Crespo Puerto, quien fue declarado con muerte cerebral tras el ataque. El equipo médico de soporte vital fue desconectado el día de hoy.
Las amenazas de muerte también han recomenzado en contra los demás líderes del SGTM. La ITF y SGTM creen que estos hechos están asociados a la solicitud legal del sindicato por tener Contrato Colectivo de Trabajo en el puerto y el reconocimiento de los beneficios que no se les han pagado, a pesar de que la ley ampara el derecho de ambos. La concesión de explotación del puerto ha sido recientemente adquirida por ICTSI, que ha contratado a una sola empresa de estibadores. Cuando el SGTM presentó argumentos legales para presionar en favor de los derechos de sus miembros para la consecución de un convenio colectivo con condiciones económicas y sociales justas, las amenazas de muerte se reanudaron de inmediato.
Durante el primer ataque, el 14 de septiembre, tres hombres armados intentaron entrar por la fuerza en la casa de Víctor Crespo. Al no poder entrar y después de haber despertado a los vecinos cercanos, salieron gritando que ellos estarían de vuelta en ocho horas “para terminar el trabajo”, y que Crespo debería “dejar de hacer ruido organizando estibadores”. El ataque fue después de meses de amenazas de muerte para que Crespo detuviera su lucha por un Contrato Colectivo en el puerto de la ciudad.
Antonio Rodríguez Fritz, Secretario Regional de ITF Americas, comentó: “Después del primer ataque actuamos rápidamente para proteger a Víctor, exigiendo también a las autoridades de Honduras para que fuera protegido por policías armados. Rápidamente, se hizo evidente que el gobierno decidió ignorar el gran peligro en el que estaba, así que tuvimos que sacarlo del país y para un lugar de seguridad”.
“A pesar de nuestros contactos con el Presidente de Honduras, con el Secretario del Trabajo y con la policía local; no han proporcionado ningún tipo de protección para Víctor o su familia, quizás no es sorprendente en un país donde a menudo se afirma que las autoridades están detrás de los ataques en contra de activistas y los derechos humanos y sindicales. Sabemos que el peligro para Víctor no ha disminuido y estamos tomando las medidas necesarias para protegerlo. Lo que ninguno de nosotros había esperado era que los atacantes serían tan cobardes y con tanta sangre fría como para asesinar en su casa a un hombre inocente y anciano”.
Paddy Crumlin, Presidente de la ITF y Presidente de la Sección Portuaria agregó: “El envío de un matón para acabar con la vida de un hombre anciano fue un acto vil. No hay duda de que este asesinato fue una mezcla de odio y política. Al no poderle hacer daño a Víctor, se aprovecharon con lo más cercano y más querido. La ITF está poniendo al gobierno de Honduras a prueba: o resuelve esta situación y se asegura de que habrá justicia, o se atendrá a las consecuencias”.
Tras el ataque de septiembre pasado, la ITF alertó al Presidente de Honduras, a la policía del país, a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y al operador entrante que concesionaria el puerto. Antonio Rodríguez Fritz se reunió con el ex-Secretario de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Jorge Bográn Perdomo, quien estuvo de acuerdo con la necesidad de utilizar la protección de la policía. Rodríguez Fritz también planteó la cuestión de la falta de respuesta de la Secretaria desde enero de 2013 sobre las solicitudes del SGTM de un Contrato Colectivo en el puerto, y la situación de los empleo de los trabajadores y trabajadoras una vez que ICTSI comenzara sus operaciones, que había ganado la concesión para operar el puerto a partir febrero de 2013. Hasta el momento no hay ninguna acción formal que haya sido tomada por el gobierno.
